Categoría: Historias

La desaparición forzada de personas es un problema que se expande por todo México y, a pesar de que Sinaloa siempre ha figurado en los primeros lugares a nivel nacional, no se había legislado nada al respecto hasta este 2019.

Para el Doctor  Isaac Tomás Guevara Martínez, titular del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), dicha práctica continuará porque los integrantes del crimen organizado han encontrado en esta técnica una forma de enviar un mensaje hacia sus enemigos pero también a quienes de alguna manera sienten que los traicionan.

“Anteriormente los delincuentes solo asesinaban a las personas, ahora quieren demostrar terror, por eso descuartizan, les dejan mensajes o los desaparecen”, manifestó.

Desaparecer a una persona es advertirles a los demás lo que les puede pasar; así es como lo ven ellos, dijo Guevara Martínez.

Además, si la mayoría de los casos quedan impunes, es también una manera de librarse de ir a la cárcel, si las personas no aparecen, entonces no pueden procesarlos, es como si no hubiera delito, lo que es favorable para ellos, por eso, esta práctica se ha ido arraigando.

De esta forma, mientras la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y los Protocolos Homologados para su Búsqueda no se apliquen realmente, los responsables no serán detenidos ni sentenciados, tampoco comenzará a disminuir la desaparición de personas.

Durante la actual administración federal, han sido localizadas 594 fosas clandestinas en México, de donde se extrajeron 706 cuerpos, de los cuales 206 han sido identificados y 122 entregados a sus familiares, de acuerdo al último informe del Gobierno de México en materia de seguridad, dado a conocer el 14 de octubre por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, con cifras hasta el 23 de agosto.

Previamente, durante la conmemoración del Día Internacional contra Desapariciones de Personas, se había informado que desde 2016 fueron encontradas 3 mil 24 fosas clandestinas, principalmente en; Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco, de donde extrajeron 4 mil 874 cuerpos.

A nivel nacional la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas entró en vigor el 16 de enero de 2018, señalando entre otras cosas, en su Artículo 13, que dicho delito será perseguido por oficio y tiene el carácter de permanente y continuo, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se haya determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.

Obligando también a la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, Banco Nacional de Datos Forenses, Registro Administrativo de Detenciones y Registro Nacional de Fosas.

Y a pesar de que el plazo para homologar dicha Ley en los estados venció el 17 de julio de 2018, eso no ocurrió en Sinaloa, la sexagésima segunda legislatura no discutió nada al respecto, y el tema se politizó al recibir iniciativas similares de diferentes partidos políticos.

Por lo que fue hasta julio del 2019, un año después, cuando finalmente el Congreso de Sinaloa expidió la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas. 

Y hasta en mayo de este mismo año se concretó la designación de un Comisionado Estatal de Búsqueda, que administra 3.5 millones de pesos que fueron asignados en el Presupuesto de Egresos 2019 que el Congreso etiquetó a la Comisión Estatal de Búsqueda, que en ese tiempo estaba inexistente.

Dicho cargo es ocupado por Juan Carlos Saavedra Ortega, quien tiene a un hermano en calidad de desaparecido, que se desempeñaba como agente de la Policía Municipal de Culiacán, cuando un grupo armado se lo llevó por la fuerza el 23 de enero de 2017.

“yo sigo búscando a mi hermano, no nada más a los demás, seguimos buscando, mi familia sigue buscando a mi hermano, nunca hemos dejado de buscar desde que fue su desaparición, y busco también a todos los demás no”.

Juan Carlos Saavedra Ortega, Comisionado Estatal de Búsqueda

El primer caso oficial en México se registró en 1969 en Guerrero, fue la desaparición del profesor Epifanio Avilés Rojas, durante la llamada “Guerra Sucia”, que también afecto considerablemente otros estados como;  Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Estado de México y el entonces Distrito Federal también reportaron numerosos casos de desaparecidos.

Y fue por la presión de los grupos de familiares que se conformaron en todo México, quienes registraron entre mil 200 y mil 800 desaparecidos de 1969 a 1988 que se crea en 1990 la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Óscar Loza Ochoa, Presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CDDH), fundada en noviembre de 1983, antes que la CNDH, coincide en que la desaparición forzada de personas comenzó en esta entidad durante la “Guerra Sucia”.

El primer caso de desaparición forzada en Sinaloa fue el de Lourdes Martínez Huerta, quien entonces tenía solo 23 años de edad y era maestra de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde mayo de 1975 no se volvió a saber nada de ella, en aquel entonces tenía poco más de tres meses de gestación.

Posteriormente, la “Operación Cóndor” (1987-1997) donde participaron unos 20 elementos con el objetivo de combatir a los narcotraficantes en la zona serrana del estado, la volvió una práctica común en el estado.

Luego impactaría la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” que emprendió el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, una lucha que incrementó considerablemente el número de personas desaparecidas en toda la República.

Hasta ese momento la CDDH de Sinaloa ya contabilizaba unos 400 casos de personas desaparecidas, desde la “Guerra Sucia” hasta la “Guerra contra el Narcotráfico”.

Los casos documentados más antiguos señalan que fue Hitler, quien durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó con esta práctica, debido a que aislaba a las personas detenidas y, se negaba a informar sus nombres, el lugar donde se encontraban y las condiciones en las que estaban.

Pero fue en 1946 en una sentencia del tribunal de Nuremberg cuando fue reconocida la política de desapariciones forzadas ejecutadas por el régimen nacional socialista alemán, por medio del decreto conocido como Nacht und Nebel (noche y niebla), que constituía crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mientras que en Latinoamérica surgió en el año de 1962 en Guatemala, pero rápidamente se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México, por lo que a partir de la década de los 70 surgió la preocupación en la comunidad internacional por tipificar la desaparición (Jasso, 2016).

El fondo de quienes desaparecían a estas personas era que sin víctima no había victimario ni delito, y la gente podía pensar en aquel entonces que simplemente habían decidido irse sin informar a nadie.

Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, calcularon que unas 90 mil personas fueron desaparecidas entre 1966 y 1986 tan solo en América Latina.

Óscar Loza Ochoa considera que los grupos criminales aprendieron esta práctica de las autoridades, quienes comenzaron durante la “Guerra Sucia”, y dos factores han predominado para que se mantenga: la impunidad y la complicidad.

Por eso, deben cubrirse las fallas que presentan la legislación nacional y estatal, en materia de desaparición forzada, y la creación de políticas públicas que vincule a todos las órdenes e instancias de gobierno para terminar dicha práctica, incluyendo un cambio de las fuerzas policiales.

Pero ver la desaparición forzada como un fenómeno histórico y normal no es alternativa, al menos no para las más de 800 personas que están buscando a sus seres queridos en Sinaloa.

María Isabel Cruz, líder de “Sabuesos Guerreras” asegura que todavía existe desconocimiento del trabajo que realizan los colectivos  y la sociedad no comprende el dolor que las motiva a arriesgar sus propias vidas, no hasta que les ocurre.

De cierta manera comprende a esas personas, antes de no volver a saber de su hijo, ella tampoco imaginaba la magnitud del problema, y no imagino todo lo que ha hecho para buscarlo, por lo que ahora también desea generar conciencia.

“Porque a lo mejor tenemos más hijos y podemos darles todo nuestros amor, abrazarlos, y tenerlos y sentirlos, pero nos falta uno o nos faltan dos, nos faltan tres, y queremos que se sensibilice la sociedad, porque hay mucha, mucha indolencia,, mucho rechazo incluso, que sientan un poquito nuestro dolor para que no esperen a que les pase”.

María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras

Tan solo del 2016 al 2018 el reporte de desaparición de personas incremento un 58 por ciento, pasando de 659 a mil 130 casos, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Ese último año el promedio de desapariciones fue de tres personas diariamente, y el 62 por ciento no fue localizado, pero de acuerdo a las cifras negras de los colectivos, el promedio real podría ser del doble.

Lo que significa que todos los días unas seis familias se quedan sin volver a saber de sus seres queridos, pero más que una cifra, para los colectivos son personas que deben ser regresadas a casa, vivas o muertas.

En Sinaloa se ha conformado un ejército que busca a los desaparecidos, pero no es de las autoridades, son más de 800 personas que solo tienen la intención de recuperar los restos de sus seres queridos, agrupados en 12 colectivos.

El número de integrantes crece todos los días, al igual que el reporte de personas desaparecidas en la entidad, los familiares confían más en los grupos que en las autoridades para encontrarlos.

A diferencia de ellos, los grupos no hacen preguntas queriendo justificar la desaparición, salen inmediatamente a buscarlos, sin importar los motivos, trabajan los 365 días del año, y su único pago es saber que fueron encontrados.

En sus expedientes existen casos de los que no tiene conocimiento la Fiscalía General del Estado, los líderes de los diversos colectivos aseguran que hasta un 40 por ciento de ellos no tienen denuncias, por lo que no están en ningún registro oficial.

En esa cifra negra se encuentra el hijo de Karina, quien desapareció en 2017 en la sindicatura de Eldorado, un territorio entonces controlado por “Los Dámaso”, quienes les disputaban a los hijos de Joaquín Guzmán Loera el control del Cártel de Sinaloa.

Por temor y con la esperanza de que algún día regresaría, decidió no denunciar, hasta que finalmente un año después de lo ocurrido accedió a realizarse las pruebas de ADN en las instalaciones de la Policía Federal, con la condición de no formalizar ninguna denuncia.

Tener una base de datos actualizada y que todos los familiares interpongan una denuncia es indispensable para lograr magnificar el problema, así lo considera Juan Carlos Saavedra, Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por esa razón están trabajando en sus propias cifras, unas más reales, con el apoyo de los diversos colectivos, quienes tienen en sus expedientes estos casos sin denuncia.

Dicho ejército esta disperso en todo el estado; 346 personas buscan en la zona centro, 325 en la zona norte y 130 en la zona sur. Juntas han reportado el hallazgo de más de 600 personas durante esta década.

En 2010 se integró oficialmente el colectivo “Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana”, que dirige Alma Rosa Rojo, quien antes trabajaba desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS).

Pero fueron “Las Rastreadoras de El Fuerte”, en 2014, quienes atrajeron la atención a nivel nacional e internacional, por ser uno de los primeros grupos de búsqueda en México.

Tres años después, en 2017, surgen los colectivos “Tesoros Perdidos de Mazatlán”, “Una Luz de Esperanza”, “Rastreadoras por la Paz” y “Sabuesos Guerreras”, algunos por la fragmentación de otros grupos.

Posteriormente se integrarían a las búsquedas “Padres y Madres de Hijos Desaparecido” en 2018, y “Colectivo Fe y Esperanza”, “Rastreadores Independientes María Herrera, “Unidos por el Dolor” y “Uniendo Corazones” durante 2019.

En este mismo año, se conformó la Brigada Estatal de Búsqueda, que agrupa a los integrantes de 9 de los 12 colectivos en Sinaloa, apoyados por la Comisión Estatal de Búsqueda, logrando hacer búsquedas en todo el estado.

Sin embargo, ya existía otro grupo, la “Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70’s”, formado en 1978, quienes buscan a más de 40 personas desaparecidas de aquella época, lideradas actualmente por Martha Camacho Loaiza, a quien recientemente el Gobierno de la República le ofreció disculpas públicas por los actos cometidos durante la llamada Guerra Sucia.

Las cifras oficiales están muy por debajo de los datos que tienen los colectivos de búsqueda, las autoridades señalan que del 7 de noviembre de 2014 al 19 de julio de 2019, han registrado el hallazgo de 144 cuerpos y 269 osamentas en fosas clandestinas.

De 2014 a 2018 se  contabilizaban 73 cuerpos y 173 osamentas en 140 fosas clandestinas, mientras que tan solo de enero al 19 de julio del presente año ya habían reportado 91 fosas clandestinas ubicadas en 59 lugares, con 71 cuerpos y 96 osamentas.

María Isabel Cruz, líder de “Sabuesos Guerreras” asegura que la diferencia entre los datos es porque las autoridades mantienen un importante rezago en la identificación de cuerpos, tan solo su colectivo ha entregado miles de fragmentos óseos y hasta el momento no les han dado ningún resultado. 

Desconociendo si no lo hacen por falta de personal, equipo o simplemente por no querer ayudarlas en la identificación de los restos que llevan meses en sus manos.

“Tal vez la vida me prepar, me preparó en el sentido que yo soy de Oaxaca, y allá tiene que agarrar una pala, limpiar una parcela, hacer un hoyo, yo pienso que en ese sentido a mí la vida me preparó para más adelante llegar a este punto, de buscar a mi hijo y buscar a los demás, pienso que nada es casual, por algo te ponen en un lugar, jamás me imaginé que el que mi padre me prepara a limpiar un terreno, a agarrar un machete o hacer un hoyo, me iba a servir para ahorita buscar a mi hijo, porque hay personas que no pueden ni agarrar una pala, ni un machete, porque no saben, entonces yo creo que la vida para eso me preparó”.

María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras

En los archivos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa existen diversos documentos relacionados con la desaparición forzada de personas, los expedientes datan de 2007, de 2010 y de 2014, por lo que es difícil obtener una sola cifra de carácter oficial y poder compararlas.

La más antigua es la de personas reportadas como víctimas directas en las carpetas de averiguación integradas por los presuntos delitos de privación de la libertad y desaparición forzada que suman 4 mil 265 casos, contemplando del primero de enero de 2007 al 19 de julio de 2019.

De 2010 al 11 de agosto de 2019, las autoridades tienen otro registro de 6 mil 63 expedientes iniciados por presuntos delitos de privación de la libertad y desaparición forzada, precisando que 2 mil 47 fueron encontrados con vida, 770 sin vida, pero todavía 3 mil 246 están en calidad de desparecidas.

La Fiscalía General del Estado aseguró que los datos han sido recabados en términos de lo dispuesto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como por los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Señalando que coadyuvan con diversas autoridades para integrar una base de datos precisa y, también con los diversos colectivos de búsqueda que se han formado en el estado.

El Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, recalca que el objetivo de las autoridades es encontrar a las personas con vida, entendiendo el agravio que sufren sus familiares, tanto que una vez al mes se reúnen con los representantes de los colectivos para analizar sus casos.

“El manejo y los censos que corresponden a esto pueden conllevar a una revictimización, yo creo que lo importante es que identifiquemos que en una institución como la nuestra, tenemos carpetas de investigación, las carpetas derivan de una serie de denuncias, hemos hecho ejercicios con diversas autoridades para generar sobre todo la denuncia, generar esta cultura, poder centralizar a través de nuestra competencia la búsqueda de las personas que es lo que nos interesa”.

Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado de Sinaloa

En 2017 se reportaron 945 personas desaparecidas, un promedio de 2.58 casos diarios, de las cuales 330 fueron localizadas y 615 continuaban ausentes.

Mientras que en 2018 se habían registrado mil 130 casos, lo que elevó el promedio a 3.09 desaparecidos diariamente, de las cuales; 700 personas continuaban en calidad de desaparecidas y unas 90 fueron encontradas sin vida.

Ese año incluso la cifra de desaparecidos fue más alta que el número de homicidios dolosos en toda la entidad, que concluyó con mil 123 casos.

Pero son los colectivos los primeros en no estar de acuerdo con sus datos, María Isabel Cruz, líder de “Sabuesos Guerreras”, señala que sí existe indiferencia de parte de las autoridades, porque no entienden el dolor y el vacío de quienes buscan a un ser querido.

Contemplando los 4 mil 265 casos, de 2007 al 19 de julio de 2019 considera que está lejos de la realidad, y que en Sinaloa debe haber al menos unas 8 mil personas desaparecidas, sumando a los que no fueron denunciados, tal vez más.

“Las desapariciones son todos los días y hay gente que no denuncia y viene con nosotros, y nosotros tratamos de hacer que vaya y denuncie, pero de esa una, son cinco las que no denuncian, y esas son las que tenemos aquí, lo único que queremos es encontrarlos, sin culpables”.

María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras

El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), Óscar Loza Ochoa, está de acuerdo, por eso pide un censo desde los años setentas, ya que fue en esa época cuando comenzó la desaparición forzada de personas, asegurando que mínimo son 10 mil desaparecidos actualmente.

“Sus números llegan a los 4 mil 265 ciudadanos victimas de ese delito de lesa humanidad, la Fiscalía los califica en privación de la libertad y en desapariciones forzadas, y sus registros van desde niños de un año de edad, hasta mayores de 41, son todos los ciudadanos que han desaparecido en el estado de Sinaloa, no, la cifra negra es mucho mayor, al menos tres o cuatro veces más”.

Óscar Loza Ochoa, Presidente de la CDDH de Sinaloa

El defensor de los derechos humanos asegura que el problema radica en los castigos, si las autoridades no imparten justicia, se alienta a que los grupos delictivos continúen desapareciendo personas.

Datos de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, No Localizadas o Ausentes, de la Fiscalía General del Estado, señala que tan solo durante su último año de labores, de marzo de 2018 a marzo de 2019, iniciaron 922 carpetas de investigación, iniciando algunas de ellas por más de algún tipo penal, siendo un total de 981 conductas delictivas, de las cuales resolvieron 216; 181 por no ejercicio de la acción penal, 22 por incompetencia, 7 por archivo temporal y solo 6 se judicializaron ante los órganos jurisdiccionales competentes.

De esas 6 carpetas de investigación, únicamente 3 fueron con detenidos, el resto solo tiene orden de aprehensión.

Adicionalmente en ese mismo periodo, a dos personas se les vinculó a proceso por el delito de privación de la libertad y 8 obtuvieron una sentencia condenatoria.

Pero una parte de las cifras que presumen las autoridades no son resultado de sus investigaciones, en el caso de la localización de fosas, cuerpos y osamenta, han sido los colectivos de búsqueda quienes los han encontrado.

Para algunos familiares el sufrimiento no termina con la localización de los cuerpos, Alma Rosa Rojo Medina, líder de “Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana” ha tenido diez años de una lucha constante con las autoridades.

Mientras que los protocolos homologados de búsqueda establecen que las autoridades deben dar trato preferencial a las victimas al encontrar sin vida a la persona que buscaban, existen algunos casos que demuestran lo contrario.

El 4 de julio de 2009 desapareció su hermano Miguel Ángel Rojo, quien fue visto por última vez en la comunidad de Estación Obispo, al sur de Culiacán, y a pesar de que ella intentó todo para localizarlo con vida, seis días después recibió una llamada desde su celular, diciendo que ya lo habían matado por haber visto lo que no debía.

Aparentemente Miguel Ángel fue testigo ocular de la privación de la libertad de otra persona y los responsables no querían testigos.

Un mes después, el 5 de agosto de ese mismo año fue localizado un cuerpo colgado de un árbol en el cerro de El Avión, por el mismo rumbo donde desapareció, ya estaba en avanzado estado de descomposición y parecía haber sido devorado por algunos animales; sin embargo algunas personas lo reconocieron, dice Alma Rosa, quien al verlo, aún en ese estado, también supo que se trataba de su hermano.

Fue entonces cuando decidió practicarse estudios genéticos con la intención de que le entregaran el cuerpo, pero nueve meses después no había ningún resultado, acudió el Servicio Médico Forense y los empleados del lugar confesaron que nunca habían enviado a analizar sus pruebas, que no habían recibido la instrucción de sus superiores.

“Aquí como en todas las ciudades, en todos los estados, hay colusión de autoridades con crimen organizado, con la delincuencia, entonces yo no digo que todas las autoridades estén así pero sí hay colusión, entonces a lo mejor ellos también tienen miedo, como nosotros, porque todos tenemos miedo no, pero yo siempre he dicho, si no trabajan, si no van a hacer trabajo dejen el puesto, porque aquí necesitamos gente sensible, gente que sienta el dolor de nosotros y que se ponga en los zapatos de nosotros,  que no queremos que les pase a ellos pero que se pongan en el zapato de ellos, de nosotros”.

Alma Rosa Rojo, líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Alma Rosa juntó a un grupo de defensores de los derechos humanos, se manifestó en contra del entonces Gobernador Jesús Aguilar Padilla, por lo ocurrido, consiguiendo que volvieran a realizarle las pruebas. Las autoridades aseguraron que las primeras se habían contaminado, pero que ahora sería más rápido.

Los resultados llegaron un año dos meses después y a pesar de que las pruebas de ADN eran prácticamente idénticas a las suyas, le dijeron que había salido negativo, ella solo pidió que no lo sepultaran en la Fosa Común, mientras reunía el dinero para practicar unas pruebas por su cuenta, para no volver a esperar tanto tiempo.

“Yo le llame muchas veces, mucha burla de ellos, por parte de ellos, osea, estar haciendo que hacen y no hacen, osea, simulan su trabajo, ahora me doy cuenta que simulan el trabajo y lo han simulado muchísimas veces y no nada más en caso de mi hermano si no en el caso de varios familiares de desaparecidos”.

Alma Rosa Rojo, líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Unos cuatro meses después, descubrió que el cuerpo ya había sido sepultado en la Fosa Común, sin ningún aviso, por lo que comenzó los tramites con la intención de exhumarlo y realizarle nuevas pruebas forenses, pero cuando al fin lo consiguió ya no encontraron el cuerpo.

Los agentes abrieron la fosa donde supuestamente estaba el cuerpo que ella reclamaba, junto a otros dos cadáveres, pero ninguno coincidía con las características de su hermano, accedieron a exhumar otros dos cuerpos que fueron sepultados ese mismo día, pero el Médico Forense, quien llegó en ese momento, les dijo que no sacaran más restos, que era el primero, a pesar de que se trataba de un hombre sin cabeza y que había sido calcinado.

“Ya iban sobre el quinto cuando llega el Médico Forense y dice ‘el que busca la señora es el primero que sacaron’, no médico, le dije, eso no puede ser el cuerpo que yo busco, este cuerpo está completamente calcinado, destrozado, no tiene cráneo, el cuerpo de mi hermano tenia, yo siempre he dicho el cuerpo de mi hermano, tiene cráneo, entonces me dice ‘pues es este’, bueno si tú dices que es ese sácale la muestra, llévatelo”.

Alma Rosa Rojo, líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Los resultados del análisis a ese cuerpo tardaron nuevamente un año dos meses, y evidentemente eran negativas, consiguió otro permiso para exhumar cinco cadáveres pero los resultados nunca llegaron, por lo que duda que los hayan enviado a un laboratorio para analizarlos.

Alma Rosa está segura de que su hermano se encuentra en la Fosa Común, pero decidió ya no tramitar permisos para evitar contaminar los cuerpos y darles más pretextos a las autoridades, manteniendo el anhelo de que algún día se construya un panteón ministerial en Culiacán, y pueda volver a tener la oportunidad de realizarle pruebas a todos los cadáveres, con la esperanza de que estén los restos de Miguel Ángel, y los de otras personas reportadas como desaparecidas, que posiblemente tengan años en poder de las autoridades.

“Porque muchos se han ido sin la toma de muestras de genética, muchos, porque para el gobierno no es ganancia hacer un ADN, es más fácil decirle a sus empleados de SEMEFO que estos se vayan a la Fosa Común, ellos dicen que llevan un registro, que todo va bien, yo sé que no va bien”

Alma Rosa Rojo, líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Los protocolos homologados de búsqueda, establecen que las autoridades deben realizar la notificación a los familiares, y entregar los cuerpos de manera inmediata, cumpliendo con los principios de dignidad y con un trato preferente, como lo dispone la Ley General de Víctimas.

Se esperaría que solo los cuerpos de quienes no tienen denuncia y tampoco pruebas de ADN para compararlas terminaran en la Fosa Común, al no ser reclamados por ningún familiar, sin importar el estado de la República donde se encuentren.

Pero esto no ocurrió en el caso de Reyna Torrecillas, su hijo era Eleazar Hernández, un bailarín de danza urbana conocido como “Rayito”, quien viajó a Jalisco para ser juez en un concurso de baile que se realizó el 16 de diciembre de 2017 en Ciudad Guzmán, ese fue el último día que logró tener contacto con él.

La mañana siguiente, después de no haber logrado contactarlo, le avisaron que “Rayito” había sido privado de la libertad por un comando armado, quienes se lo habían llevado por la fuerza de la casa donde se alojaba, la madre de su compañero fue quien le dio la noticia.

Reyna acudió a las oficinas del consulado de Estados Unidos en Mazatlán, porque su hijo era ciudadano estadounidense, donde solo le aconsejaron que interpusiera una denuncia formal, antes las autoridades mexicanas.

Intentó hacerlo en la Fiscalía General del Estado de Jalisco pero no tuvo éxito, debido a que la orientación fue deficiente, así que la interpuso en Sinaloa, donde le dijeron que al no haber ocurrido en dicho estado, ellos solo estarían atentos de las investigaciones, eso ocurrió cinco días después de su desaparición.

Por las pocas respuestas de las autoridades, se unió al colectivo “Sabuesos Guerreras”, quienes con plantones afuera de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, le ayudaron a demandar que cumplieran con su trabajo.

Lo que Reyna no sabía es que para ese entonces “Rayito” ya estaba muerto, su cuerpo fue localizado el 19 de diciembre de ese mismo año, con signos de tortura y con un disparo en la cabeza.

Ella se comunicaba insistentemente con los agentes investigadores, pero solo le decían que no tenían noticias y que al saber cualquier cosa de su hijo, le notificarían de inmediato, incluso envió fotografías a Jalisco para que difundieran su imagen pero las autoridades nunca lo hicieron.

Cansados de esperar, ocho meses después, una de sus vecinas en Culiacán contactó a un colectivo que se dedica a buscar personas desaparecidas en Jalisco, denominado “Por Amor a Ellos”, quien subió las imágenes y comenzó a buscarlo en los expedientes de las autoridades.

Finalmente, una respuesta, pero no de las autoridades, sino del colectivo de búsqueda, una persona con las características de su hijo había sido enviado a  la Fosa Común, los sentimientos de Reyna fueron encontrados, finalmente lo habían localizado pero no como ella hubiera deseado.

“En ocho meses, 12  días ellos no pudieron hacer nada, en tres días las rastreadoras, ellas fueron las que encontraron a mi hijo”.

Reyna Torrecillas, integrante de Sabuesos Guerreras

Pero el trato preferente de victima tampoco se lo otorgaron, ella costeó los gastos para ir a reclamar el cuerpo, para exhumarlo de la fosa común y para el traslado de Jalisco hacia Culiacán vía terrestre, porque no lograron que viajara en un avión.

El único gesto de las autoridades fue acompañar a la persona que reclamó el cuerpo, debido  a que Reyna temía por su seguridad, al estar en otra entidad y no saber lo que había ocurrido.

“Pero en ningún momento, no hubo recursos, no hubo fondos, no hubo nada, yo tuve que pagar todo, el gobierno a mí no me ayudó en lo absoluto, a mí el gobierno no me ayudó en nada”.

Reyna Torrecillas, integrante de Sabuesos Guerreras

Reyna terminó desilusionada del trabajo de las autoridades, tanto de Jalisco como de Sinaloa, quienes no trabajaron de manera coordinada y eficiente, porque el cuerpo de su hijo estuvo en su poder tan solo tres días después de haber sido “levantado” y, a pesar de aportar fotografías y señas particulares, no se percataron de que ya había sido encontrado.

Por lo que cree que lo mismo le puede estar ocurriendo a decenas de madres, quienes buscan a sus hijos confiando en las fiscalías, cuando el verdadero trabajo lo hacen los colectivos.

 “Los grupos de búsqueda porque son a los que les interesa, yo ya encontré a mi hijo, pero sigo apoyándolas, las apoyo económicamente y las apoyo también en ir a buscar con ellas, el gobierno no hace nada, el gobierno desde que paso lo de mi hijo yo estuve hablando y las autoridades nunca me dieron una respuesta correcta, en ningún momento, y hasta la fecha”.

Reyna Torrecillas, integrante de Sabuesos Guerreras

Estos dos casos no son completamente aislados, las autoridades entregaron un cuerpo equivocado en marzo de 2019, debido a un error administrativo.

El Servicio Médico Forense lo entregó a sus supuestos familiares para que fuera velado en el municipio de Elota, debido a que unas personas que dijeron ser sus familiares lo identificaron visualmente, pero no realizaron ninguna prueba de comparación a pesar de tener 11 años de no haberlo visto.

Al día siguiente llegó otra familia reclamando el cuerpo, mostrando algunas fotografías como evidencia, las cuales coincidían con el cadáver que ya habían entregado.

Al percatarse del error, se comunicaron con la primera familia, quienes ya se encontraban velando el cuerpo, y los cadáveres tuvieron que ser intercambiados.

Un caso similar ocurrió en diciembre de 2014, una familia identificó visualmente el cuerpo de una persona, el Servicio Médico Forense se lo entregó sin ningún estudio para que fuera velado y posteriormente sepultado en un panteón de la sindicatura de El Quelite, en el municipio de Mazatlán.

La sorpresa fue que días después la supuesta persona que había sido sepultada se comunicó con su madre para informarle que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos buscando un trabajo. A las autoridades no les quedó más que reconocer su error y exhumar el cuerpo para realizarle pruebas de ADN esperando que en un futuro alguien lo reclamara.

Las nuevas leyes también obligan a las autoridades a tener bases de datos actualizadas, pero en la página oficial de la Fiscalía General del Estado, a octubre de 2019 solo se reportan 2 mil 603 personas como desaparecidas y 988 cuerpos no entregados a sus familiares, los archivos incluyen fotografías, 117 tienen al menos un nombre y 871 están completamente sin identificar.

Estos son algunos casos que se salieron a relucir, la falta de información pública al respecto hace más difícil la localización e identificación de los cuerpos, por lo que el número de errores de las autoridades puede ser más grande, concluyó Alma Rosa.

Una llamada cambió la vida de Mirna Nereyda Medina, ella estaba en su casa, cuando le avisaron que su hijo, Roberto, había sido privado de la libertad, por un comando armado, en la gasolinera donde trabajaba vendiendo discos, en el municipio de El Fuerte, al norte de Sinaloa.

Era el 14 de julio de 2014 y, ella no entendía porque se habían llevado a su hijo, lo primero que hizo fue ir al sitio donde trabajaba, pero no le dieron ninguna pista de su paradero, así que decidió pedir ayuda a las autoridades.

Mirna, interpuso una denuncia en la entonces Agencia del Ministerio Público, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en la Zona Norte, pero asegura que no se activó ningún protocolo para buscarlo, simplemente dijeron que era todo, que ellos se comunicarían cuando pudieran darle información o algún avance.

Desesperada e impotente, por no saber a quién más acudir, salió llorando de las oficinas de la Policía Ministerial al no encontrar el respaldo que necesitaba, pero al secar sus lágrimas, levantó el rostro, y le prometió a su hijo Roberto que ella lo buscaría y lo habría de encontrar.

Convencida que nadie más lo haría, comenzó a buscar sus propias pistas, a rastrear por todas partes y sin temor de nada, otras mujeres con hijos desaparecidos se enteraron de lo que estaba haciendo y decidieron unirse para buscar juntas.

Quien era considerado jefe de plaza del crimen organizado en esa región, era una persona a la que le apodaban “El Chucho”, por lo que él podría haber sido el responsable o al menos saber de su paradero. Sin ningún temor, Mirna fue a preguntárselo, pero él dijo no saber nada.

Dudando de su respuesta, llegó hasta un predio que era utilizado por este grupo criminal para desaparecer a sus víctimas, al menos eso era lo que la gente decía, y fue así que encontró los primeros cinco cuerpos, semienterrados en una fosa clandestina, el 19 de julio de 2014.

Unos días después, fue privado de la libertad ‘El Chucho’ y, su familia pidió integrarse al entonces pequeño grupo de Mirna para buscarlo, porque tampoco obtuvieron respuestas de las autoridades, quienes en lugar de buscarlos le seguían de cerca los pasos a esta reciente tropa de mujeres.

El 5 de diciembre de 2014 encontraron otros cinco cuerpos, y un grupo de agentes policíacos decidió retener a Mirna, quien recuerda haber estado incomunicada más de 12 horas porque, pretendían que les dijera como habían dado con los cuerpos, en lugar de agradecerle por haberlos encontrado.

Actualmente ‘Las Rastreadoras de El Fuerte”, como ahora se les conoce, es uno de los grupos de búsqueda más grande en la entidad, está conformado por unas 225 personas, la mayoría mujeres, quienes han logrado localizar más de 180 cuerpos desde ese entonces.

Entre los restos localizados estaba su hijo, encontrado el 14 de julio de 2017, justo tres años después de su desaparición, dentro de una fosa clandestina que ella misma encontró en el poblado Ocolome, a las afueras del municipio de El Fuerte.

Después de la confirmación de ADN, Mirna recibió una llamada desde Culiacán, era de la Fiscalía General del Estado, para decirle que “habían encontrado a su hijo”, cuando fue ella misma quien lo desenterró con sus propias manos, la indolencia de las autoridades la obligó a buscarlo por su cuenta, y todavía se mantiene activa, buscando a los seres queridos de sus compañeras.

El trabajo de “Las Rastreadoras de El Fuerte” inspiró a otras mujeres en la entidad, ahora existen 12 grupos integrados por más de 800 personas que buscan a los desaparecidos de Sinaloa, ante los pocos resultados positivos de las autoridades.

Cinco años después, ya con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas e incluso protocolos homologados de búsqueda, no parece haber demasiada diferencia entre lo que le obligó a Mirna a salir a las calles y lo que pasa actualmente con otras personas.

A pesar de que su hijo era un elemento activo de la Policía Municipal de Culiacán, María Isabel Cruz, tampoco encontró respuestas o respaldo de las autoridades, Yosimar fue privado de la libertad por un comando armado el 26 de enero de 2017, lo sacaron de su casa, en presencia de su novia y de su hermano menor.

Acudió inmediatamente a presentar la denuncia, pero su sorpresa fue que no lo buscaron, ni por ser uno de sus compañeros, María Isabel incluso se sintió revictimizada, porque quisieron ligarlo con la delincuencia organizada.

En ese año se vivía en Culiacán una guerra entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera, ahora preso en Estados Unidos y, la célula delictiva de Los Dámaso, quienes buscaban el control del Cártel de Sinaloa. Un gran número de elementos fueron desaparecidos o asesinados presuntamente por estar al servicio de una u otra célula.

Los delincuentes iban por ellos a sus casas, incluso a uno de ellos, lo mataron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán. De enero a mayo de 2017 fueron ejecutados 14 elementos, y dos más no fueron localizados.

Un año después de que comenzaron los ataques, Yosimar y José Antonio Saavedra continuaban en calidad de desaparecidos, por lo que un familiar de este último, envió una carta pública al Cártel de Sinaloa para suplicar que les dijeran en donde habían sido enterrados ambos elementos.

Para ese momento, María Isabel ya había fundado un grupo denominado “Sabuesos Guerreras”, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en la zona centro del estado.

La mayoría de los ataques a policías, fueron en contra de un grupo, liderado por el Comandante Israel Ruíz Félix, a quien se le relacionó mediáticamente con Los Dámaso, luego de la emboscada a un convoy militar en Culiacán, el 30 de septiembre de 2016, dejando un saldo de seis muertos y diez heridos.

María Isabel asegura que a su hijo nunca lograron comprobarle nada ilícito, el acabada de ingresar a la corporación y tenía poco tiempo en dicho grupo, por lo que considera que, las autoridades a las que él representaba, han sido injustas.  

Al igual que Mirna Nereyda, ella está convencida que si los familiares no buscan a sus desaparecidos, nadie más lo hará, por eso ahora sigue rastreando para lograr encontrar a Yosimar.

De acuerdo al nuevo protocolo de búsqueda de personas, existen tres etapas y acciones; las que se realizan las primeras 24 horas; las que se implementan entre 24 y 72 horas después; y las que siguen después de ese tiempo, hasta concluir con la localización de la persona, ya sea con o sin vida. 

La cultura de la denuncia no se encuentra demasiado arraigada en Sinaloa, y algunas personas han tenido malas experiencias, por lo que prefieren no hacerlo, ahora en lugar de acudir con las autoridades, se acercan a los grupos de búsqueda para que sean ellos lo que intenten localizar a sus desaparecidos, aumentando la cifra negra que existe en la entidad, como lo explica Alma Rosa Rojo, líder del colectivo “Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana”.

“Porque muchas familias han ido a denunciar y en cuanto denuncian, las amenazan, entonces ellos creen que es la autoridad, aunque no sea pues, ósea, ellos piensan acabo de ir a denunciar y ya me están amenazando, entonces ellos piensan eso, es cuando ya dejan, van y denuncian, y ya no vuelven a pararse en la fiscalía”.  

Alma Rosa Rojo , líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Por eso son ellas quienes buscan y encuentran, las familias depositan sus esperanzas en los colectivos a pesar de que algunas de ellas también han sido amenazadas, su deseo de encontrarlos es más fuerte que su miedo.

“Porque ellos en realidad no los han buscado, los hemos buscado nosotros los familiares, yo su madre he andado rascando la tierra por todo Culiacán, y me han mandando mensajes que me calme, que le baje, que no lo busque, que es muy peligroso, pero pues es mi hijo, es mi hijo y si tengo que decirle a la delincuencia que me ayude a encontrarlo pues lo voy a hacer”.

María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras

Lucía Espinoza Lizárraga, del colectivo “Una Luz de Esperanza”, quien trabaja en la zona sur del estado, busca a su hijo Daniel, desaparecido el 20 de mayo de 2016 en Mazatlán, asegura que lo más indispensable es la seguridad, porque no van a acudir a un terreno que pueda resultar peligroso.

Por eso estos colectivos no buscan culpables, su intención no es dar con los responsables de la desaparición de sus seres queridos, únicamente desean encontrar los cuerpos.

Los riesgos los han aprendido por las malas, Martha Leticia Gallardo, de 43 años de edad, desapareció en abril de 2018, luego de haber acudido a Guanajuato a reclamar el cuerpo de su esposo, quien había sido asesinado en Salamanca, Guanajuato.

Ella buscaba a su hijo José Manuel, desaparecido el 16 de noviembre de 2011, y ahora el colectivo los está buscando a ambos.

“Mira, nosotras sabemos que andar en esto lleva mucho riesgo, pero el amor de una madre hace que hagamos lo que andamos haciendo”.

Lucía Espinoza Lizárraga, líder de Una Luz de Esperanza

Algo similar le ocurrió al grupo de “Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana”, Sandra Luz Hernández, de 50 años de edad, fue asesinada en mayo de 2014, en Culiacán, luego de acudir a la colonia Benito Juárez donde presuntamente se encontraría con alguien que le daría información de su hijo Édgar Guadalupe, desaparecido el 12 de febrero de 2012.

Hasta el momento su hijo, quien en ese entonces trabajaba de mensajero en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, no ha aparecido, a pesar de haber sido empleado de gobierno, y el crimen de Sandra Luz continúa impune.

Algunas integrantes de los colectivos han sido intimidadas y amenazadas por miembros de la delincuencia organizada para que dejan de buscar en algunas zonas, pero no siempre lo han denunciado a las autoridades porque saben que podría traer consecuencias fatales.

“La fiscalía quiere que uno vaya, denuncie, las autoridades quieren que pasa, denuncia, espera y que el investigador va investigar pero pues le dan un caso y le llegan diez en el mismo día entonces ya no avanza nada, entonces nosotros que hacemos, decidimos salir a búscalos porque ellos no hacen nada”.

María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras

Por experiencia, los familiares de los desaparecidos, saben que si las personas no aparecen en menos de 24 horas, es más difícil encontrarlos con vida, los protocolos se hacen todavía más burocráticos y las autoridades se concentran en nuevos casos, rezagando los anteriores.

Entre las 24 y 72 horas de búsqueda, también se contempla el apoyó a las víctimas y, la elaboración de un cuestionario Ante Mortem, donde de acuerdo a las colectivos, las autoridades se concentran más en culparlos para justificar su desaparición, que en encontrar líneas de investigación.

Para Claudia Rosas, líder de “Las Rastreadoras por la Paz”, un colectivo que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas en la zona norte del estado, es más fácil que localicen a sus desaparecidos ellas mismas, con sus propios recursos, que las autoridades.

“la verdad pues ellos no hacen investigaciones, no tenemos ningún avance en ese sentido, y eso es lo que nos incitó a salir a buscar a nuestros hijos, tenemos más esperanzas en salir nosotros a buscarlos y encontrarlos, a tener resultados por parte de las autoridades”

Claudia Rosas, líder de Rastreadoras por la Paz

Su hijo, Javier Fernando Quesada, desapareció el 11 de abril de 2013, salió de su casa para ir al gimnasio pero fue interceptado por un comando armado que se lo llevó por la fuerza, acudió a interponer la denuncia correspondiente pero una de sus hijas fue amenazada para que ella se desistiera, por lo que permaneció un año encerrada hasta que se animó a buscarlo por su cuenta.

«Y desde entonces no he parado de buscarlo, me han dicho muchas cosas, que no lo voy a encontrar, que hicieron esto, que hicieron esto otro con él, pero el único poder lo tiene dios y yo creo mucho, mucho en él, y en su voluntad, y si hasta ahorita no lo he encontrado, yo estoy esperando el momento, el tiempo justo para encontrarlo

Claudia Rosas, líder de Las Rastreadoras por la Paz

Asegura que cada madre sabe lo que tenía, refiriéndose a quienes hoy se encuentran desaparecidos, y que algunos de ellos pudieron haber andado en malos pasos, aunque la mayoría de los familiares lo nieguen o en verdad no lo supieran, pero incluso ese no es motivo para que las autoridades decidan no buscarlos, finalmente son personas, pero los agentes utilizan ese recurso para justificar el por qué no han logrado localizarlos, lo que resulta inaceptable.

“Tenemos que pagar nosotros también lo que ellos debían o las culpas que ellos tenían, porque nos torturan así, porque sigue esto con nosotras, ya, llegamos al grado que nos rebasa este dolor tan grande que tenemos, que ya no queremos culpables, osea, te quitaron a un hijo y no buscas culpables, es más grande el dolor”.

Claudia Rosas, líder de Las Rastreadoras por la Paz

Pero cuando las 72 horas transcurren sin resultados, la esperanza no se pierde, al menos no para sus familiares. María del Rosario Flores Navidad, lleva 44 años buscando a su esposo, el protocolo indica que las autoridades deben inspeccionar el lugar de la desaparición, pero no todas tienen certeza de donde ocurrió.

José Barrón Caldera, era maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fue detenido por las autoridades, quienes lo vincularon en aquel entonces a la “Liga Comunista 23 de Septiembre”, una organización político-militar de la década de los setentas que a pesar de haber surgido en Jalisco, tenía bastante actividad en el entonces Distrito Federal, Nuevo León y Sinaloa, posteriormente se extendió a otros estados de la República Mexicana, su lucha era en contra del entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez.

Lo último que supieron de José fue que había sido llevado al Campo Militar Número 1 en el centro del país, algunos de sus compañeros pudieron testificarlo, sin embargo nunca volvieron a saber de su paradero.

María del Rosario también busca dignificar su nombre, que sea visto como un luchador social y no como un revoltoso, como en algún tiempo señalaron las autoridades que se lo llevaron, terminando de esa manera con los sueños de ambos.

“Éramos un matrimonio que recién empezábamos, teníamos una hija de un año, ver crecer a mi hija sin su padre, y de la noche a la mañana sin prácticamente saber ni porque desaparece, desaparece y no logramos su rescate, todavía hoy nosotros exigimos justicia”

María del Rosario Flores Navidad integrante de Desaparecidos de los años 70’s, Sinaloa

Mientras no exista constancia de su muerte ella mantendrá la esperanza de encontrarlo, pero a diferencia de otras víctimas, no tienen ni siquiera un lugar para buscarlo, porque desconoce si lo regresaron a Sinaloa; si se quedó en la Ciudad de México o si lo arrojaron al mar desde una aeronave militar, porque eso es lo que hacían en aquel entonces, lamentó.

De acuerdo a las leyes y protocolos, la última fase se cierra con la localización de la persona, si aparece con vida se realizan algunos estudios para determinar su estado de salud y poder descartar cualquier tipo de daño, pero si aparece muerta además de noticiarle a los familiares, deben ofrecerles un trato preferente, como está dispuesto en la Ley General de Víctimas.

Pero, los distintos grupos de búsqueda en Sinaloa, coinciden en que esta última fase tampoco se cumple, la entrega se vuelve un trámite burocrático que solo alarga el dolor y sufrimiento de sus familiares.