PROBLEMA ANTIGUO QUE SE MANTIENE VIGENTE

La desaparición forzada de personas es un problema que se expande por todo México y, a pesar de que Sinaloa siempre ha figurado en los primeros lugares a nivel nacional, no se había legislado nada al respecto hasta este 2019.

Para el Doctor  Isaac Tomás Guevara Martínez, titular del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), dicha práctica continuará porque los integrantes del crimen organizado han encontrado en esta técnica una forma de enviar un mensaje hacia sus enemigos pero también a quienes de alguna manera sienten que los traicionan.

“Anteriormente los delincuentes solo asesinaban a las personas, ahora quieren demostrar terror, por eso descuartizan, les dejan mensajes o los desaparecen”, manifestó.

Desaparecer a una persona es advertirles a los demás lo que les puede pasar; así es como lo ven ellos, dijo Guevara Martínez.

Además, si la mayoría de los casos quedan impunes, es también una manera de librarse de ir a la cárcel, si las personas no aparecen, entonces no pueden procesarlos, es como si no hubiera delito, lo que es favorable para ellos, por eso, esta práctica se ha ido arraigando.

De esta forma, mientras la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y los Protocolos Homologados para su Búsqueda no se apliquen realmente, los responsables no serán detenidos ni sentenciados, tampoco comenzará a disminuir la desaparición de personas.

Durante la actual administración federal, han sido localizadas 594 fosas clandestinas en México, de donde se extrajeron 706 cuerpos, de los cuales 206 han sido identificados y 122 entregados a sus familiares, de acuerdo al último informe del Gobierno de México en materia de seguridad, dado a conocer el 14 de octubre por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, con cifras hasta el 23 de agosto.

Previamente, durante la conmemoración del Día Internacional contra Desapariciones de Personas, se había informado que desde 2016 fueron encontradas 3 mil 24 fosas clandestinas, principalmente en; Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco, de donde extrajeron 4 mil 874 cuerpos.

A nivel nacional la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas entró en vigor el 16 de enero de 2018, señalando entre otras cosas, en su Artículo 13, que dicho delito será perseguido por oficio y tiene el carácter de permanente y continuo, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se haya determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.

Obligando también a la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, Banco Nacional de Datos Forenses, Registro Administrativo de Detenciones y Registro Nacional de Fosas.

FOTO: La fotografía de una persona desaparecida cuelga junto unas prendas de vestir afuera de la FGE de Sinaloa, durante una protesta del colectivo Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana.

Y a pesar de que el plazo para homologar dicha Ley en los estados venció el 17 de julio de 2018, eso no ocurrió en Sinaloa, la sexagésima segunda legislatura no discutió nada al respecto, y el tema se politizó al recibir iniciativas similares de diferentes partidos políticos.

Por lo que fue hasta julio del 2019, un año después, cuando finalmente el Congreso de Sinaloa expidió la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas. 

Y hasta en mayo de este mismo año se concretó la designación de un Comisionado Estatal de Búsqueda, que administra 3.5 millones de pesos que fueron asignados en el Presupuesto de Egresos 2019 que el Congreso etiquetó a la Comisión Estatal de Búsqueda, que en ese tiempo estaba inexistente.

Dicho cargo es ocupado por Juan Carlos Saavedra Ortega, quien tiene a un hermano en calidad de desaparecido, que se desempeñaba como agente de la Policía Municipal de Culiacán, cuando un grupo armado se lo llevó por la fuerza el 23 de enero de 2017.

“yo sigo búscando a mi hermano, no nada más a los demás, seguimos buscando, mi familia sigue buscando a mi hermano, nunca hemos dejado de buscar desde que fue su desaparición, y busco también a todos los demás no”.

Juan Carlos Saavedra Ortega, Comisionado Estatal de Búsqueda

El primer caso oficial en México se registró en 1969 en Guerrero, fue la desaparición del profesor Epifanio Avilés Rojas, durante la llamada “Guerra Sucia”, que también afecto considerablemente otros estados como;  Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Estado de México y el entonces Distrito Federal también reportaron numerosos casos de desaparecidos.

Y fue por la presión de los grupos de familiares que se conformaron en todo México, quienes registraron entre mil 200 y mil 800 desaparecidos de 1969 a 1988 que se crea en 1990 la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

FOTO: Algunos huesos dentro de bolsas, encontrados por un colectivo de búsqueda a las afueras de Culiacán y recogidos por las autoridades.

Óscar Loza Ochoa, Presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CDDH), fundada en noviembre de 1983, antes que la CNDH, coincide en que la desaparición forzada de personas comenzó en esta entidad durante la “Guerra Sucia”.

El primer caso de desaparición forzada en Sinaloa fue el de Lourdes Martínez Huerta, quien entonces tenía solo 23 años de edad y era maestra de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde mayo de 1975 no se volvió a saber nada de ella, en aquel entonces tenía poco más de tres meses de gestación.

Posteriormente, la “Operación Cóndor” (1987-1997) donde participaron unos 20 elementos con el objetivo de combatir a los narcotraficantes en la zona serrana del estado, la volvió una práctica común en el estado.

Luego impactaría la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” que emprendió el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, una lucha que incrementó considerablemente el número de personas desaparecidas en toda la República.

Hasta ese momento la CDDH de Sinaloa ya contabilizaba unos 400 casos de personas desaparecidas, desde la “Guerra Sucia” hasta la “Guerra contra el Narcotráfico”.

FOTO: Juan Carlos Saavedra Ortega (izquierda), Comisionado Estatal de Búsqueda en Sinaloa y Óscar Loza Ochoa (derecha), Presidente de la CDDH de Sinaloa, marchando por los desaparecidos en las calles de Culiacán, el 30 de septiembre de 2019.

Los casos documentados más antiguos señalan que fue Hitler, quien durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó con esta práctica, debido a que aislaba a las personas detenidas y, se negaba a informar sus nombres, el lugar donde se encontraban y las condiciones en las que estaban.

Pero fue en 1946 en una sentencia del tribunal de Nuremberg cuando fue reconocida la política de desapariciones forzadas ejecutadas por el régimen nacional socialista alemán, por medio del decreto conocido como Nacht und Nebel (noche y niebla), que constituía crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mientras que en Latinoamérica surgió en el año de 1962 en Guatemala, pero rápidamente se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México, por lo que a partir de la década de los 70 surgió la preocupación en la comunidad internacional por tipificar la desaparición (Jasso, 2016).

El fondo de quienes desaparecían a estas personas era que sin víctima no había victimario ni delito, y la gente podía pensar en aquel entonces que simplemente habían decidido irse sin informar a nadie.

Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, calcularon que unas 90 mil personas fueron desaparecidas entre 1966 y 1986 tan solo en América Latina.

Óscar Loza Ochoa considera que los grupos criminales aprendieron esta práctica de las autoridades, quienes comenzaron durante la “Guerra Sucia”, y dos factores han predominado para que se mantenga: la impunidad y la complicidad.

Por eso, deben cubrirse las fallas que presentan la legislación nacional y estatal, en materia de desaparición forzada, y la creación de políticas públicas que vincule a todos las órdenes e instancias de gobierno para terminar dicha práctica, incluyendo un cambio de las fuerzas policiales.

Pero ver la desaparición forzada como un fenómeno histórico y normal no es alternativa, al menos no para las más de 800 personas que están buscando a sus seres queridos en Sinaloa.

María Isabel Cruz, líder de “Sabuesos Guerreras” asegura que todavía existe desconocimiento del trabajo que realizan los colectivos  y la sociedad no comprende el dolor que las motiva a arriesgar sus propias vidas, no hasta que les ocurre.

De cierta manera comprende a esas personas, antes de no volver a saber de su hijo, ella tampoco imaginaba la magnitud del problema, y no imagino todo lo que ha hecho para buscarlo, por lo que ahora también desea generar conciencia.

“Porque a lo mejor tenemos más hijos y podemos darles todo nuestros amor, abrazarlos, y tenerlos y sentirlos, pero nos falta uno o nos faltan dos, nos faltan tres, y queremos que se sensibilice la sociedad, porque hay mucha, mucha indolencia,, mucho rechazo incluso, que sientan un poquito nuestro dolor para que no esperen a que les pase”.

María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras

Tan solo del 2016 al 2018 el reporte de desaparición de personas incremento un 58 por ciento, pasando de 659 a mil 130 casos, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Ese último año el promedio de desapariciones fue de tres personas diariamente, y el 62 por ciento no fue localizado, pero de acuerdo a las cifras negras de los colectivos, el promedio real podría ser del doble.

Lo que significa que todos los días unas seis familias se quedan sin volver a saber de sus seres queridos, pero más que una cifra, para los colectivos son personas que deben ser regresadas a casa, vivas o muertas.

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