PROTOCOLOS SIN CUMPLIR

Una llamada cambió la vida de Mirna Nereyda Medina, ella estaba en su casa, cuando le avisaron que su hijo, Roberto, había sido privado de la libertad, por un comando armado, en la gasolinera donde trabajaba vendiendo discos, en el municipio de El Fuerte, al norte de Sinaloa.

Era el 14 de julio de 2014 y, ella no entendía porque se habían llevado a su hijo, lo primero que hizo fue ir al sitio donde trabajaba, pero no le dieron ninguna pista de su paradero, así que decidió pedir ayuda a las autoridades.

Mirna, interpuso una denuncia en la entonces Agencia del Ministerio Público, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en la Zona Norte, pero asegura que no se activó ningún protocolo para buscarlo, simplemente dijeron que era todo, que ellos se comunicarían cuando pudieran darle información o algún avance.

Desesperada e impotente, por no saber a quién más acudir, salió llorando de las oficinas de la Policía Ministerial al no encontrar el respaldo que necesitaba, pero al secar sus lágrimas, levantó el rostro, y le prometió a su hijo Roberto que ella lo buscaría y lo habría de encontrar.

Convencida que nadie más lo haría, comenzó a buscar sus propias pistas, a rastrear por todas partes y sin temor de nada, otras mujeres con hijos desaparecidos se enteraron de lo que estaba haciendo y decidieron unirse para buscar juntas.

Quien era considerado jefe de plaza del crimen organizado en esa región, era una persona a la que le apodaban “El Chucho”, por lo que él podría haber sido el responsable o al menos saber de su paradero. Sin ningún temor, Mirna fue a preguntárselo, pero él dijo no saber nada.

Dudando de su respuesta, llegó hasta un predio que era utilizado por este grupo criminal para desaparecer a sus víctimas, al menos eso era lo que la gente decía, y fue así que encontró los primeros cinco cuerpos, semienterrados en una fosa clandestina, el 19 de julio de 2014.

Unos días después, fue privado de la libertad ‘El Chucho’ y, su familia pidió integrarse al entonces pequeño grupo de Mirna para buscarlo, porque tampoco obtuvieron respuestas de las autoridades, quienes en lugar de buscarlos le seguían de cerca los pasos a esta reciente tropa de mujeres.

El 5 de diciembre de 2014 encontraron otros cinco cuerpos, y un grupo de agentes policíacos decidió retener a Mirna, quien recuerda haber estado incomunicada más de 12 horas porque, pretendían que les dijera como habían dado con los cuerpos, en lugar de agradecerle por haberlos encontrado.

Actualmente ‘Las Rastreadoras de El Fuerte”, como ahora se les conoce, es uno de los grupos de búsqueda más grande en la entidad, está conformado por unas 225 personas, la mayoría mujeres, quienes han logrado localizar más de 180 cuerpos desde ese entonces.

Entre los restos localizados estaba su hijo, encontrado el 14 de julio de 2017, justo tres años después de su desaparición, dentro de una fosa clandestina que ella misma encontró en el poblado Ocolome, a las afueras del municipio de El Fuerte.

Después de la confirmación de ADN, Mirna recibió una llamada desde Culiacán, era de la Fiscalía General del Estado, para decirle que “habían encontrado a su hijo”, cuando fue ella misma quien lo desenterró con sus propias manos, la indolencia de las autoridades la obligó a buscarlo por su cuenta, y todavía se mantiene activa, buscando a los seres queridos de sus compañeras.

El trabajo de “Las Rastreadoras de El Fuerte” inspiró a otras mujeres en la entidad, ahora existen 12 grupos integrados por más de 800 personas que buscan a los desaparecidos de Sinaloa, ante los pocos resultados positivos de las autoridades.

Cinco años después, ya con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas e incluso protocolos homologados de búsqueda, no parece haber demasiada diferencia entre lo que le obligó a Mirna a salir a las calles y lo que pasa actualmente con otras personas.

A pesar de que su hijo era un elemento activo de la Policía Municipal de Culiacán, María Isabel Cruz, tampoco encontró respuestas o respaldo de las autoridades, Yosimar fue privado de la libertad por un comando armado el 26 de enero de 2017, lo sacaron de su casa, en presencia de su novia y de su hermano menor.

Acudió inmediatamente a presentar la denuncia, pero su sorpresa fue que no lo buscaron, ni por ser uno de sus compañeros, María Isabel incluso se sintió revictimizada, porque quisieron ligarlo con la delincuencia organizada.

En ese año se vivía en Culiacán una guerra entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera, ahora preso en Estados Unidos y, la célula delictiva de Los Dámaso, quienes buscaban el control del Cártel de Sinaloa. Un gran número de elementos fueron desaparecidos o asesinados presuntamente por estar al servicio de una u otra célula.

Los delincuentes iban por ellos a sus casas, incluso a uno de ellos, lo mataron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán. De enero a mayo de 2017 fueron ejecutados 14 elementos, y dos más no fueron localizados.

Un año después de que comenzaron los ataques, Yosimar y José Antonio Saavedra continuaban en calidad de desaparecidos, por lo que un familiar de este último, envió una carta pública al Cártel de Sinaloa para suplicar que les dijeran en donde habían sido enterrados ambos elementos.

Para ese momento, María Isabel ya había fundado un grupo denominado “Sabuesos Guerreras”, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en la zona centro del estado.

La mayoría de los ataques a policías, fueron en contra de un grupo, liderado por el Comandante Israel Ruíz Félix, a quien se le relacionó mediáticamente con Los Dámaso, luego de la emboscada a un convoy militar en Culiacán, el 30 de septiembre de 2016, dejando un saldo de seis muertos y diez heridos.

María Isabel asegura que a su hijo nunca lograron comprobarle nada ilícito, el acabada de ingresar a la corporación y tenía poco tiempo en dicho grupo, por lo que considera que, las autoridades a las que él representaba, han sido injustas.  

Al igual que Mirna Nereyda, ella está convencida que si los familiares no buscan a sus desaparecidos, nadie más lo hará, por eso ahora sigue rastreando para lograr encontrar a Yosimar.

De acuerdo al nuevo protocolo de búsqueda de personas, existen tres etapas y acciones; las que se realizan las primeras 24 horas; las que se implementan entre 24 y 72 horas después; y las que siguen después de ese tiempo, hasta concluir con la localización de la persona, ya sea con o sin vida. 

La cultura de la denuncia no se encuentra demasiado arraigada en Sinaloa, y algunas personas han tenido malas experiencias, por lo que prefieren no hacerlo, ahora en lugar de acudir con las autoridades, se acercan a los grupos de búsqueda para que sean ellos lo que intenten localizar a sus desaparecidos, aumentando la cifra negra que existe en la entidad, como lo explica Alma Rosa Rojo, líder del colectivo “Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana”.

“Porque muchas familias han ido a denunciar y en cuanto denuncian, las amenazan, entonces ellos creen que es la autoridad, aunque no sea pues, ósea, ellos piensan acabo de ir a denunciar y ya me están amenazando, entonces ellos piensan eso, es cuando ya dejan, van y denuncian, y ya no vuelven a pararse en la fiscalía”.  

Alma Rosa Rojo , líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Por eso son ellas quienes buscan y encuentran, las familias depositan sus esperanzas en los colectivos a pesar de que algunas de ellas también han sido amenazadas, su deseo de encontrarlos es más fuerte que su miedo.

“Porque ellos en realidad no los han buscado, los hemos buscado nosotros los familiares, yo su madre he andado rascando la tierra por todo Culiacán, y me han mandando mensajes que me calme, que le baje, que no lo busque, que es muy peligroso, pero pues es mi hijo, es mi hijo y si tengo que decirle a la delincuencia que me ayude a encontrarlo pues lo voy a hacer”.

María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras

Lucía Espinoza Lizárraga, del colectivo “Una Luz de Esperanza”, quien trabaja en la zona sur del estado, busca a su hijo Daniel, desaparecido el 20 de mayo de 2016 en Mazatlán, asegura que lo más indispensable es la seguridad, porque no van a acudir a un terreno que pueda resultar peligroso.

Por eso estos colectivos no buscan culpables, su intención no es dar con los responsables de la desaparición de sus seres queridos, únicamente desean encontrar los cuerpos.

Los riesgos los han aprendido por las malas, Martha Leticia Gallardo, de 43 años de edad, desapareció en abril de 2018, luego de haber acudido a Guanajuato a reclamar el cuerpo de su esposo, quien había sido asesinado en Salamanca, Guanajuato.

Ella buscaba a su hijo José Manuel, desaparecido el 16 de noviembre de 2011, y ahora el colectivo los está buscando a ambos.

“Mira, nosotras sabemos que andar en esto lleva mucho riesgo, pero el amor de una madre hace que hagamos lo que andamos haciendo”.

Lucía Espinoza Lizárraga, líder de Una Luz de Esperanza

Algo similar le ocurrió al grupo de “Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana”, Sandra Luz Hernández, de 50 años de edad, fue asesinada en mayo de 2014, en Culiacán, luego de acudir a la colonia Benito Juárez donde presuntamente se encontraría con alguien que le daría información de su hijo Édgar Guadalupe, desaparecido el 12 de febrero de 2012.

Hasta el momento su hijo, quien en ese entonces trabajaba de mensajero en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, no ha aparecido, a pesar de haber sido empleado de gobierno, y el crimen de Sandra Luz continúa impune.

Algunas integrantes de los colectivos han sido intimidadas y amenazadas por miembros de la delincuencia organizada para que dejan de buscar en algunas zonas, pero no siempre lo han denunciado a las autoridades porque saben que podría traer consecuencias fatales.

“La fiscalía quiere que uno vaya, denuncie, las autoridades quieren que pasa, denuncia, espera y que el investigador va investigar pero pues le dan un caso y le llegan diez en el mismo día entonces ya no avanza nada, entonces nosotros que hacemos, decidimos salir a búscalos porque ellos no hacen nada”.

María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras

Por experiencia, los familiares de los desaparecidos, saben que si las personas no aparecen en menos de 24 horas, es más difícil encontrarlos con vida, los protocolos se hacen todavía más burocráticos y las autoridades se concentran en nuevos casos, rezagando los anteriores.

Entre las 24 y 72 horas de búsqueda, también se contempla el apoyó a las víctimas y, la elaboración de un cuestionario Ante Mortem, donde de acuerdo a las colectivos, las autoridades se concentran más en culparlos para justificar su desaparición, que en encontrar líneas de investigación.

Para Claudia Rosas, líder de “Las Rastreadoras por la Paz”, un colectivo que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas en la zona norte del estado, es más fácil que localicen a sus desaparecidos ellas mismas, con sus propios recursos, que las autoridades.

“la verdad pues ellos no hacen investigaciones, no tenemos ningún avance en ese sentido, y eso es lo que nos incitó a salir a buscar a nuestros hijos, tenemos más esperanzas en salir nosotros a buscarlos y encontrarlos, a tener resultados por parte de las autoridades”

Claudia Rosas, líder de Rastreadoras por la Paz

Su hijo, Javier Fernando Quesada, desapareció el 11 de abril de 2013, salió de su casa para ir al gimnasio pero fue interceptado por un comando armado que se lo llevó por la fuerza, acudió a interponer la denuncia correspondiente pero una de sus hijas fue amenazada para que ella se desistiera, por lo que permaneció un año encerrada hasta que se animó a buscarlo por su cuenta.

«Y desde entonces no he parado de buscarlo, me han dicho muchas cosas, que no lo voy a encontrar, que hicieron esto, que hicieron esto otro con él, pero el único poder lo tiene dios y yo creo mucho, mucho en él, y en su voluntad, y si hasta ahorita no lo he encontrado, yo estoy esperando el momento, el tiempo justo para encontrarlo

Claudia Rosas, líder de Las Rastreadoras por la Paz

Asegura que cada madre sabe lo que tenía, refiriéndose a quienes hoy se encuentran desaparecidos, y que algunos de ellos pudieron haber andado en malos pasos, aunque la mayoría de los familiares lo nieguen o en verdad no lo supieran, pero incluso ese no es motivo para que las autoridades decidan no buscarlos, finalmente son personas, pero los agentes utilizan ese recurso para justificar el por qué no han logrado localizarlos, lo que resulta inaceptable.

“Tenemos que pagar nosotros también lo que ellos debían o las culpas que ellos tenían, porque nos torturan así, porque sigue esto con nosotras, ya, llegamos al grado que nos rebasa este dolor tan grande que tenemos, que ya no queremos culpables, osea, te quitaron a un hijo y no buscas culpables, es más grande el dolor”.

Claudia Rosas, líder de Las Rastreadoras por la Paz

Pero cuando las 72 horas transcurren sin resultados, la esperanza no se pierde, al menos no para sus familiares. María del Rosario Flores Navidad, lleva 44 años buscando a su esposo, el protocolo indica que las autoridades deben inspeccionar el lugar de la desaparición, pero no todas tienen certeza de donde ocurrió.

José Barrón Caldera, era maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fue detenido por las autoridades, quienes lo vincularon en aquel entonces a la “Liga Comunista 23 de Septiembre”, una organización político-militar de la década de los setentas que a pesar de haber surgido en Jalisco, tenía bastante actividad en el entonces Distrito Federal, Nuevo León y Sinaloa, posteriormente se extendió a otros estados de la República Mexicana, su lucha era en contra del entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez.

Lo último que supieron de José fue que había sido llevado al Campo Militar Número 1 en el centro del país, algunos de sus compañeros pudieron testificarlo, sin embargo nunca volvieron a saber de su paradero.

María del Rosario también busca dignificar su nombre, que sea visto como un luchador social y no como un revoltoso, como en algún tiempo señalaron las autoridades que se lo llevaron, terminando de esa manera con los sueños de ambos.

“Éramos un matrimonio que recién empezábamos, teníamos una hija de un año, ver crecer a mi hija sin su padre, y de la noche a la mañana sin prácticamente saber ni porque desaparece, desaparece y no logramos su rescate, todavía hoy nosotros exigimos justicia”

María del Rosario Flores Navidad integrante de Desaparecidos de los años 70’s, Sinaloa

Mientras no exista constancia de su muerte ella mantendrá la esperanza de encontrarlo, pero a diferencia de otras víctimas, no tienen ni siquiera un lugar para buscarlo, porque desconoce si lo regresaron a Sinaloa; si se quedó en la Ciudad de México o si lo arrojaron al mar desde una aeronave militar, porque eso es lo que hacían en aquel entonces, lamentó.

De acuerdo a las leyes y protocolos, la última fase se cierra con la localización de la persona, si aparece con vida se realizan algunos estudios para determinar su estado de salud y poder descartar cualquier tipo de daño, pero si aparece muerta además de noticiarle a los familiares, deben ofrecerles un trato preferente, como está dispuesto en la Ley General de Víctimas.

Pero, los distintos grupos de búsqueda en Sinaloa, coinciden en que esta última fase tampoco se cumple, la entrega se vuelve un trámite burocrático que solo alarga el dolor y sufrimiento de sus familiares.