AGONÍA DESPUÉS DE LA MUERTE

Para algunos familiares el sufrimiento no termina con la localización de los cuerpos, Alma Rosa Rojo Medina, líder de “Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana” ha tenido diez años de una lucha constante con las autoridades.

Mientras que los protocolos homologados de búsqueda establecen que las autoridades deben dar trato preferencial a las victimas al encontrar sin vida a la persona que buscaban, existen algunos casos que demuestran lo contrario.

El 4 de julio de 2009 desapareció su hermano Miguel Ángel Rojo, quien fue visto por última vez en la comunidad de Estación Obispo, al sur de Culiacán, y a pesar de que ella intentó todo para localizarlo con vida, seis días después recibió una llamada desde su celular, diciendo que ya lo habían matado por haber visto lo que no debía.

Aparentemente Miguel Ángel fue testigo ocular de la privación de la libertad de otra persona y los responsables no querían testigos.

Un mes después, el 5 de agosto de ese mismo año fue localizado un cuerpo colgado de un árbol en el cerro de El Avión, por el mismo rumbo donde desapareció, ya estaba en avanzado estado de descomposición y parecía haber sido devorado por algunos animales; sin embargo algunas personas lo reconocieron, dice Alma Rosa, quien al verlo, aún en ese estado, también supo que se trataba de su hermano.

Fue entonces cuando decidió practicarse estudios genéticos con la intención de que le entregaran el cuerpo, pero nueve meses después no había ningún resultado, acudió el Servicio Médico Forense y los empleados del lugar confesaron que nunca habían enviado a analizar sus pruebas, que no habían recibido la instrucción de sus superiores.

“Aquí como en todas las ciudades, en todos los estados, hay colusión de autoridades con crimen organizado, con la delincuencia, entonces yo no digo que todas las autoridades estén así pero sí hay colusión, entonces a lo mejor ellos también tienen miedo, como nosotros, porque todos tenemos miedo no, pero yo siempre he dicho, si no trabajan, si no van a hacer trabajo dejen el puesto, porque aquí necesitamos gente sensible, gente que sienta el dolor de nosotros y que se ponga en los zapatos de nosotros,  que no queremos que les pase a ellos pero que se pongan en el zapato de ellos, de nosotros”.

Alma Rosa Rojo, líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Alma Rosa juntó a un grupo de defensores de los derechos humanos, se manifestó en contra del entonces Gobernador Jesús Aguilar Padilla, por lo ocurrido, consiguiendo que volvieran a realizarle las pruebas. Las autoridades aseguraron que las primeras se habían contaminado, pero que ahora sería más rápido.

Los resultados llegaron un año dos meses después y a pesar de que las pruebas de ADN eran prácticamente idénticas a las suyas, le dijeron que había salido negativo, ella solo pidió que no lo sepultaran en la Fosa Común, mientras reunía el dinero para practicar unas pruebas por su cuenta, para no volver a esperar tanto tiempo.

“Yo le llame muchas veces, mucha burla de ellos, por parte de ellos, osea, estar haciendo que hacen y no hacen, osea, simulan su trabajo, ahora me doy cuenta que simulan el trabajo y lo han simulado muchísimas veces y no nada más en caso de mi hermano si no en el caso de varios familiares de desaparecidos”.

Alma Rosa Rojo, líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Unos cuatro meses después, descubrió que el cuerpo ya había sido sepultado en la Fosa Común, sin ningún aviso, por lo que comenzó los tramites con la intención de exhumarlo y realizarle nuevas pruebas forenses, pero cuando al fin lo consiguió ya no encontraron el cuerpo.

Los agentes abrieron la fosa donde supuestamente estaba el cuerpo que ella reclamaba, junto a otros dos cadáveres, pero ninguno coincidía con las características de su hermano, accedieron a exhumar otros dos cuerpos que fueron sepultados ese mismo día, pero el Médico Forense, quien llegó en ese momento, les dijo que no sacaran más restos, que era el primero, a pesar de que se trataba de un hombre sin cabeza y que había sido calcinado.

“Ya iban sobre el quinto cuando llega el Médico Forense y dice ‘el que busca la señora es el primero que sacaron’, no médico, le dije, eso no puede ser el cuerpo que yo busco, este cuerpo está completamente calcinado, destrozado, no tiene cráneo, el cuerpo de mi hermano tenia, yo siempre he dicho el cuerpo de mi hermano, tiene cráneo, entonces me dice ‘pues es este’, bueno si tú dices que es ese sácale la muestra, llévatelo”.

Alma Rosa Rojo, líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Los resultados del análisis a ese cuerpo tardaron nuevamente un año dos meses, y evidentemente eran negativas, consiguió otro permiso para exhumar cinco cadáveres pero los resultados nunca llegaron, por lo que duda que los hayan enviado a un laboratorio para analizarlos.

Alma Rosa está segura de que su hermano se encuentra en la Fosa Común, pero decidió ya no tramitar permisos para evitar contaminar los cuerpos y darles más pretextos a las autoridades, manteniendo el anhelo de que algún día se construya un panteón ministerial en Culiacán, y pueda volver a tener la oportunidad de realizarle pruebas a todos los cadáveres, con la esperanza de que estén los restos de Miguel Ángel, y los de otras personas reportadas como desaparecidas, que posiblemente tengan años en poder de las autoridades.

“Porque muchos se han ido sin la toma de muestras de genética, muchos, porque para el gobierno no es ganancia hacer un ADN, es más fácil decirle a sus empleados de SEMEFO que estos se vayan a la Fosa Común, ellos dicen que llevan un registro, que todo va bien, yo sé que no va bien”

Alma Rosa Rojo, líder de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana

Los protocolos homologados de búsqueda, establecen que las autoridades deben realizar la notificación a los familiares, y entregar los cuerpos de manera inmediata, cumpliendo con los principios de dignidad y con un trato preferente, como lo dispone la Ley General de Víctimas.

Se esperaría que solo los cuerpos de quienes no tienen denuncia y tampoco pruebas de ADN para compararlas terminaran en la Fosa Común, al no ser reclamados por ningún familiar, sin importar el estado de la República donde se encuentren.

Pero esto no ocurrió en el caso de Reyna Torrecillas, su hijo era Eleazar Hernández, un bailarín de danza urbana conocido como “Rayito”, quien viajó a Jalisco para ser juez en un concurso de baile que se realizó el 16 de diciembre de 2017 en Ciudad Guzmán, ese fue el último día que logró tener contacto con él.

La mañana siguiente, después de no haber logrado contactarlo, le avisaron que “Rayito” había sido privado de la libertad por un comando armado, quienes se lo habían llevado por la fuerza de la casa donde se alojaba, la madre de su compañero fue quien le dio la noticia.

Reyna acudió a las oficinas del consulado de Estados Unidos en Mazatlán, porque su hijo era ciudadano estadounidense, donde solo le aconsejaron que interpusiera una denuncia formal, antes las autoridades mexicanas.

Intentó hacerlo en la Fiscalía General del Estado de Jalisco pero no tuvo éxito, debido a que la orientación fue deficiente, así que la interpuso en Sinaloa, donde le dijeron que al no haber ocurrido en dicho estado, ellos solo estarían atentos de las investigaciones, eso ocurrió cinco días después de su desaparición.

Por las pocas respuestas de las autoridades, se unió al colectivo “Sabuesos Guerreras”, quienes con plantones afuera de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, le ayudaron a demandar que cumplieran con su trabajo.

Lo que Reyna no sabía es que para ese entonces “Rayito” ya estaba muerto, su cuerpo fue localizado el 19 de diciembre de ese mismo año, con signos de tortura y con un disparo en la cabeza.

Ella se comunicaba insistentemente con los agentes investigadores, pero solo le decían que no tenían noticias y que al saber cualquier cosa de su hijo, le notificarían de inmediato, incluso envió fotografías a Jalisco para que difundieran su imagen pero las autoridades nunca lo hicieron.

Cansados de esperar, ocho meses después, una de sus vecinas en Culiacán contactó a un colectivo que se dedica a buscar personas desaparecidas en Jalisco, denominado “Por Amor a Ellos”, quien subió las imágenes y comenzó a buscarlo en los expedientes de las autoridades.

Finalmente, una respuesta, pero no de las autoridades, sino del colectivo de búsqueda, una persona con las características de su hijo había sido enviado a  la Fosa Común, los sentimientos de Reyna fueron encontrados, finalmente lo habían localizado pero no como ella hubiera deseado.

“En ocho meses, 12  días ellos no pudieron hacer nada, en tres días las rastreadoras, ellas fueron las que encontraron a mi hijo”.

Reyna Torrecillas, integrante de Sabuesos Guerreras

Pero el trato preferente de victima tampoco se lo otorgaron, ella costeó los gastos para ir a reclamar el cuerpo, para exhumarlo de la fosa común y para el traslado de Jalisco hacia Culiacán vía terrestre, porque no lograron que viajara en un avión.

El único gesto de las autoridades fue acompañar a la persona que reclamó el cuerpo, debido  a que Reyna temía por su seguridad, al estar en otra entidad y no saber lo que había ocurrido.

“Pero en ningún momento, no hubo recursos, no hubo fondos, no hubo nada, yo tuve que pagar todo, el gobierno a mí no me ayudó en lo absoluto, a mí el gobierno no me ayudó en nada”.

Reyna Torrecillas, integrante de Sabuesos Guerreras

Reyna terminó desilusionada del trabajo de las autoridades, tanto de Jalisco como de Sinaloa, quienes no trabajaron de manera coordinada y eficiente, porque el cuerpo de su hijo estuvo en su poder tan solo tres días después de haber sido “levantado” y, a pesar de aportar fotografías y señas particulares, no se percataron de que ya había sido encontrado.

Por lo que cree que lo mismo le puede estar ocurriendo a decenas de madres, quienes buscan a sus hijos confiando en las fiscalías, cuando el verdadero trabajo lo hacen los colectivos.

 “Los grupos de búsqueda porque son a los que les interesa, yo ya encontré a mi hijo, pero sigo apoyándolas, las apoyo económicamente y las apoyo también en ir a buscar con ellas, el gobierno no hace nada, el gobierno desde que paso lo de mi hijo yo estuve hablando y las autoridades nunca me dieron una respuesta correcta, en ningún momento, y hasta la fecha”.

Reyna Torrecillas, integrante de Sabuesos Guerreras

Estos dos casos no son completamente aislados, las autoridades entregaron un cuerpo equivocado en marzo de 2019, debido a un error administrativo.

El Servicio Médico Forense lo entregó a sus supuestos familiares para que fuera velado en el municipio de Elota, debido a que unas personas que dijeron ser sus familiares lo identificaron visualmente, pero no realizaron ninguna prueba de comparación a pesar de tener 11 años de no haberlo visto.

Al día siguiente llegó otra familia reclamando el cuerpo, mostrando algunas fotografías como evidencia, las cuales coincidían con el cadáver que ya habían entregado.

Al percatarse del error, se comunicaron con la primera familia, quienes ya se encontraban velando el cuerpo, y los cadáveres tuvieron que ser intercambiados.

Un caso similar ocurrió en diciembre de 2014, una familia identificó visualmente el cuerpo de una persona, el Servicio Médico Forense se lo entregó sin ningún estudio para que fuera velado y posteriormente sepultado en un panteón de la sindicatura de El Quelite, en el municipio de Mazatlán.

La sorpresa fue que días después la supuesta persona que había sido sepultada se comunicó con su madre para informarle que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos buscando un trabajo. A las autoridades no les quedó más que reconocer su error y exhumar el cuerpo para realizarle pruebas de ADN esperando que en un futuro alguien lo reclamara.

Las nuevas leyes también obligan a las autoridades a tener bases de datos actualizadas, pero en la página oficial de la Fiscalía General del Estado, a octubre de 2019 solo se reportan 2 mil 603 personas como desaparecidas y 988 cuerpos no entregados a sus familiares, los archivos incluyen fotografías, 117 tienen al menos un nombre y 871 están completamente sin identificar.

Estos son algunos casos que se salieron a relucir, la falta de información pública al respecto hace más difícil la localización e identificación de los cuerpos, por lo que el número de errores de las autoridades puede ser más grande, concluyó Alma Rosa.

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