Por Jesús Bustamante
Culiacán, Sin.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió una recomendación general, por las serias deficiencias en la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en los Protocolos Homologados de Búsqueda y en la Ley de Atención a Víctimas, en estado de Sinaloa, tal como fue documentado en el reportaje “El tortuoso camino de reportar y localizar a un desaparecido en Sinaloa”, publicado en noviembre de 2019.
En el análisis, se revela que las propias autoridades han participado en la desaparición forzada de personas, y no se preocupen por lograr la prevención, atención debida, buen trato, acompañamiento a las víctimas, investigaciones, procesamientos y sanciones a los responsables.
Por lo que se pide, iniciar un procedimiento administrativo y/o penal contra todos los servidores públicos encargados de la investigación de las personas desaparecidas que han demorado el acceso a la justicia de las víctimas por las omisiones en tales investigaciones.
“El Estado sinaloense debe garantizar a su población seguridad, certeza jurídica, hacerle saber que si bien son agentes del propio Estado quienes perpetran la desaparición forzada de personas, no todos los servidores públicos están involucrados ni están de acuerdo con tales actos”, expresa la recomendación.
Además, advierte que en todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, se evidencia la poca intención de investigar a fondo y no dejar en total indefensión a la víctima directa, negando el acceso a la justicia a los familiares y revictimizándoles.
Por lo que urge una investigación activa por parte del Ministerio Público, pues detectaron que las investigaciones se basan solamente en requerir información a distintas autoridades, enviando y recibiendo oficios, sin mayor actividad al respecto, concluyendo que se trata de investigaciones de escritorio y pocas veces se aplican con investigaciones empíricas y de campo.
“La investigación que se advierte de las averiguaciones previas y carpetas de investigación analizadas es demorada, deficiente y hasta podría calificarse de dolosa, pues pareciera que no se quiere investigar de manera científica, profunda y diligente al ser señalados como presuntos responsables a agentes del Estado”, advierte.
Señalando necesario que se involucre a los familiares en el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias, lo que implica un contacto cercano de las autoridades con las víctimas, a quienes también se les debe dar avances de las investigaciones.
En la recomendación general, queda evidente, que las autoridades no siguen los protocolos de búsqueda, tampoco solicitan pruebas de ADN o no se hace de manera inmediata, por lo que tampoco existe un registro estatal o perfil genético de familiares, y en ocasiones, no solicitan ni una fotografía de la persona que es reportada como desaparecida, sin pasar por alto, que no acompañan a los colectivos en sus búsquedas.
También se recomienda generar investigaciones científicas, diligentes, siguiendo los protocolos en materia de desaparición forzada de personas y hacer del conocimiento de las víctimas de manera constante, las diligencias llevadas a cabo.
La recomendación es dirigida a los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, gobiernos municipales y a la Fiscalía General del Estado, incluyó el análisis de 338 expedientes integrados por ese organismo autónomo, de 2008 a junio de 2019, concluyendo que había serias omisiones por parte de las autoridades competentes del Estado sinaloense en la prevención, la atención de las familias y la investigación del delito o delitos cometidos.
La nota puede retomarse libremente en cualquier medio de comunicación, dando crédito al autor y/o al proyecto Desaparecidos en Sinaloa.
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