Culiacán, Sin.- El Protocolo Alba constituye una respuesta de muchas que se tienen que dar para atacar en conjunto hechos de desaparición de mujeres y niñas, siendo el mecanismo una prueba de que se están activando en Sinaloa todas las capacidades y voluntades para otorgar mayor seguridad a la población en riesgo.
Se trata de abandonar la posición apática en que suele instalarse la autoridad frente a la desesperación de las familias que sufren la desaparición de un integrante de ellas, circunstancia que requiere de la solidaridad general pero principalmente de los sistemas de seguridad pública e investigación de delitos, con medidas claras que otorguen la certidumbre de que el Estado hace lo que tiene que hacer para localizar y rescatar a las víctimas.
Según lo explicó el fiscal general Juan José Ríos Estavillo al presentar el grupo técnico de coordinación y colaboración para la implementación en Sinaloa del Protocolo Alba, el propósito es que en sus respectivos ámbitos de competencia cada participante realice acciones de búsqueda de manera articulada ante las denuncias, reportes o noticias de desaparición o no localización de niñas o mujeres.
De 2007 a 2019 han desaparecido en Sinaloa a más de 500 mujeres y en México, de acuerdo a información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta marzo de 2019 se reportaban alrededor de 9 mil víctimas del sexo femenino, por lo cual la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, estableció una alerta internacional.
La alerta es para todos. Solamente cuando el gobierno y ciudadanía se unen frente a incidencias criminales que golpean a las sociedades, es posible revertir estos fenómenos que aparte de la labor reactiva ocupa de procedimientos que desde cada hogar, familia o individuo asuman la prevención como regla permanente. Con el Protocolo Alba crecemos en la atención a la desaparición de mujeres y niñas; ahora superemos el siguiente nivel que es el de cuidarnos todos y entre todos.
Con información de Revista Espejo